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Enviado por Luis Isarra FENTAP a RedVIDA
Las entidades participante firman el Manifiesto de Córdoba, en el que inciden en que la labor de las administraciones pasa por preservar el recurso y mantenerlo alejado de los intereses comerciales
Juan Ruz | Actualizado 17.06.2009 - 05:01
Moreno, Pulido, Novoa, Paniagua y Rey momentos antes del inicio de la reunión con los operadores públicos.
Un nutrido grupo de entidades publicas operadoras de
abastecimiento y saneamiento de agua de toda España rubricaron ayer
en el Palacio de la Merced de Córdoba un manifiesto en favor de la
gestión pública de este recurso y mostraron su disposición a
constituir una asociación de ámbito estatal que defienda el modelo
que estas empresas desarrollan. A la cita acudieron un total de 42
colectivos, representando a diputaciones, consorcios, mancomunidades,
consumidores y sindicatos, para debatir cómo ser más eficaces en el
servicio que se presta al ciudadano y atender las demandas de la
sociedad.
Además de mostrar su voluntad de constituir la
Asociación Estatal de Operadores Públicos de Abastecimiento y
Saneamiento (Aeopas) y con el reconocimiento de que el agua "es
un bien escaso y de su valor estratégico para el desarrollo personal
y de nuestros pueblos", los firmantes del manifiesto aseguran
que "el agua ha de estar alejada de los intereses comerciales
que controlan el mercado" y que es de por sí "un monopolio
natural que tiende a conformar mercados cautivos". Por ello, su
gestión debe ser responsabilidad pública e integrar a operadores,
usuarios y sociedad civil para hacerla más eficiente, transparente y
participativa. "Sólo así se garantiza la rendición de cuentas
a consumidores; a titulares de los servicios; a empleados y
proveedores de las entidades suministradoras; y a todo el que
intervenga directa o indirectamente en la gestión del ciclo integral
del agua". El texto añade que la implantación del modelo
público supone "una garantía cualitativa de preservar el
recurso agua y mantenerlo alejado de los intereses comerciales".
En
la rueda de intervenciones, el presidente de la Diputación,
Francisco Pulido, señaló que "hablar de agua es hablar de una
oportunidad", a la vez que defendió la labor de la empresa
provincial de aguas Emproacsa, de la que dijo que "es una
herramienta básica" que garantiza el suministro a toda la
población de la provincia. Desde la empresa Gestión Integral de
Aguas de Huelva (Giahsa) Miguel Novoa incidió en conceptos como
equilibrio territorial y el papel básico de los operadores de este
recurso. No obstante, Novoa explicó que esta nueva asociación "no
va contra nada ni contra nadie" y que su misión también es la
de colaborar con las empresas privadas del sector. Alertó del
handicap que supone para las empresas públicas el hecho de que
pueden perder la concesión de manera inmediata, lo que dificulta la
planificación en la gestión. El dirigente señaló además que
"estamos obligados a la transparencia".
Más
contundente fue la representante de la Diputación de Sevilla, Rosa
María Moreno, quien defendió un modelo de gestión pública "que
garantice la calidad, el equilibrio y la solidaridad". La
diputada provincial de Sostenibilidad y Ciclo Hidráulico habló de
"frenar la privatizaciones" del servicio de agua e incidió
en que a nivel europeo, como es el caso de París, se está
recuperando la gestión pública. Moreno dijo que las empresas
privadas de agua "deben estar bajo la subordinación de lo
público" y que las administraciones fiscalicen.
El
director gerente de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Paniagua,
destacado que la comunidad autónoma es la que cuenta con más
competencias a nivel de la gestión pública del agua, una
administración que debe estar comprometida con el futuro y buscar la
calidad del servicio, así como encontrar un modelo financiero que
sufrague los costes de uso y ambientales.
Los impulsores de la
nueva asociación recibirán el modelo de estatutos antes del 30 de
junio, a los que podrán presentar alegaciones hasta el 20 de julio,
y antes de que acabe ese mes deberá estar completada la redacción
de la normativa. A partir de ahí, cada miembro de la Aeopas deberá
aprobar los estatutos en sus órganos de gobierno como paso previo a
la constitución.